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Creado: Sábado, 03 Febrero 2018 20:40

Personería inhabilita a dos exdirectivos de la ERU

En primera instancia

  • Destinaron $8.000 millones para compra de un inmueble que nunca utilizaron. Después de adquirido se dieron cuenta que su adecuación superaba los 6.000 millones.
  • Personería cuestionó la seriedad del estudio previo en la adquisición del inmueble y consideró que se vulneraron los principios de moralidad pública.
  • De las 64 familias proyectadas para reubicar, ninguna habita el edificio que se encuentra abandonado.

La Personería de Bogotá, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por diez años para desempeñar cargos públicos, al exgerente encargado de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), Nicolás Corso Salamanca y al exdirector Técnico de dicha entidad, Mario Avellaneda González por irregularidades en la compra de un inmueble por $8.000 millones.

En la edificación de ocho pisos, ubicada en la carrera 10 # 18-15, se pretendía adecuar 64 apartamentos, con el fin de reubicar a familias que habitaban en la Avenida Caracas con calle 25 (proyecto estación central).

No obstante, cometieron varias irregularidades que van en contravía de la planeación, primero no realizaron un estudio serio de las condiciones reales del edificio, previo a su adquisición, y segundo, no establecieron qué familias querían una reubicación en el centro de la ciudad.

Una vez adquirido el predio se dieron cuenta que su adecuación superaba los $6.000 millones y decidieron no invertirle recursos.

Por estas irregularidades, al exgerente Nicolás Corso Salamanca se le encontró responsable de la compra del inmueble sin tener en cuenta estudios técnicos serios para determinar el estado físico y estructural del edificio. Además, por no contar con un censo real de los vinculados al proyecto e interesados en la reubicación, por lo tanto, se evidenció la omisión de una acertada planeación en la adquisición del edificio.

Por otra parte, el exdirector Técnico de la ERU, Mario Avellaneda Gonzales no realizó la revisión e inspección técnica requerida del inmueble para determinar el estado físico y estructural previo a su compra, infringiendo los principios de la función administrativa de eficacia y economía.

Actualmente, se estima que los $2.000 millones destinados para arreglos y adecuaciones, fueron utilizados para pagar seguridad, impuestos y servicios del predio. Según los vecinos del sector, el edificio se encuentra abandonado hace tres años.

Por todo lo anterior, se encontró que los funcionarios no aseguraron el cumplimiento de los objetivos y fines estatales, incurriendo en una falta gravísima.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la personera de Bogotá, en segunda instancia.

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