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Creado: Miércoles, 13 Junio 2018 09:42

Precario avance de reparación integral a víctimas en Bogotá: Personería

Ministerio Público pide medidas de fondo al Gobierno Nacional y Distrital

· No hay articulación interinstitucional para la implentación de política de víctimas.
· Pasados 7 años de promulgada la Ley de Víctimas y a 3 de terminar su vigencia, su avance en Bogotá es mínimo.
· La atención psicosocial a las víctimas no supera el 4.7%, entre 2014 y 2017.
· En indemnizaciones solo se ha garantizado el goce efectivo al 8,4% de víctimas. A este paso, en 98 años la Nación terminaría con el pago en Bogotá.
· En materia de vivienda, entre 2013-2017, el Distrito otorgó tan solo 2.283 subsidios, que representa el 2,6% del total de hogares víctimas en Bogotá.
· Víctimas pasan en promedio 112 días sin ningún tipo de ayuda.
· Muchas no reciben respuesta oportuna o los notifica generalmente por aviso, impidiendo su derecho a la información y a presentar recursos.


La Personería de Bogotá reveló que la implementación de las principales medidas de reparación integral a las víctimas por el conflicto armado radicados en la Capital aún es muy precaria. Los indicadores en indemnizaciones, estabilización socioeconómica, vivienda, atención psicosocial a los afectados están solo entre el 1.7% y el 8,4% de avance.

Esa grave situación fue analizada por la Comisión Distrital del Ministerio Público para la Justicia Transicional, conformada por la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, quienes determinaron, además, que existen falencias en la articulación interistitucional, demoras de hasta 112 días en la atención de emergencia y falta de respuesta efectiva a la entrega de ayudas humanitarias e indemnizaciones a los afectados.

Ante esta situación, el Miniterio Público pidió medidas inmediatas a las autoridades, especialmente a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y las Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas del Distrito.

Nación “colgada”

En torno a la reparación económica, reconocido por la Ley 1448 de 2011, en cabeza de la UARIV encontramos que entre 2009 y el primero de marzo de 2018, el Gobierno Nacional ha invertido más de $231.000 millones para el pago de indemnizaciones de víctimas radicadas en la Capital. Sin embargo, solo se ha garantizado el goce efectivo de este derecho al 8,4% del total de la población víctima, es decir, 30.681 personas, con hechos victimizantes susceptibles de indemnización y aún faltan 334.569 víctimas.

La Ley de Víctimas estipuló un periodo de 10 años para garantizar el derecho a la reparación económica de las víctimas, no obstante, a este paso, para pagar el total de indemnizaciones restantes en Bogotá, el Gobierno Nacional necesitaría por lo menos de 98 años más. Así mismo, la Unidad esta incumpliendo la orden de la Corte Constitucional (Auto 206 de 2017) de informar a las víctimas las condiciones de modo, tiempo y lugar para acceder a la reparación por vía adminsitrativa.

Distrito, a paso lento, en materia psicosocial

En materia psicosocial, el porcentaje de atención entre el 2014 y el 2017 no supera el 1,7% del total de víctimas incluidas en el régimen subsidiado de salud, con corte al 28 de febrero de 2018. Pese a que el Distrito ha hecho esfuerzos financieros para avanzar en esta tarea y ampliar la cobertura, con focalización puerta a puerta, la cifra de población víctima que ingresa y culmina programas de atención psicosocial resulta irrisoria. La Comisión del Ministerio Público pidió nuevas medidas para superar esa situación.

La estabilización socioeconómica no se escapa a esta realidad. De las cerca de 243 mil víctimas que se encuentran económicamente activas, entre 2012 y 2017, solo el 5.4% se ha beneficiado de programas de formación para el empleo. El 1.7% han sido remitidos a ofertas de empleo, y el 2,1% ha recibido apoyo para el fortalecimiento empresarial.

Para lograr esto, el Distrito invirtió $17.668 millones, con el agravante de que no existe medición alguna del impacto obtenido en torno a la superación de la línea de indigencia y de pobreza de esta población, tal como lo ordena la Corte Constitucional para garantizar el goce efectivo de este derecho.

La restitución en materia de vivienda para víctimas en la ciudad sigue estancada. Entre 2013 y 2017 se han entregado 2.283 subsidios de vivienda, que representa tan solo 2.6% del total de hogares de familias víctimas estimados en la ciudad de Bogotá.

Sin atención

Las víctimas se ven sometidas al peregrinaje institucional entre la Alta Consejería y la UARIV, por la ausencia de medidas que garanticen una transición entre la ayuda humanitaria inmediata y la atención humanitaria de emergencia, exponiéndolas a estar, en promedio, 112 días sin ningún tipo de ayuda, generando mayor vulnerabilidad y violación al debido proceso.

En la atención con enfoque étnico no encontró medidas concretas para materializar el derecho al retorno del pueblo Embera, que requiere acciones y un cronograma específicio de responsables de nivel territorial y nacional. Entre tanto, se esta vulnerando los usos y costumbres de la población víctima del conflicto.

Sin respuestas

Tampoco se conocen respuestas efectivas de la UARIV respecto a la entrega de ayudas humanitarias e indemizaciones. Las víctimas son sometidas a largas esperas, con notificaciones inadecuadas que no permiten conocer las decisiones de la Unidad y vulneran el debido proceso. De una muestra de actos administrativos revisados, más del 50% se notifican por aviso, lo que afecta el derecho oportuno de las víctimas a la información, el cobro de sus ayudas o indemnizaciones y al ejercicio del debido proceso, en caso de no compartir las deciones de las Unidad.

Tampoco la UARIV han actualizado el manual de valoración para calificar algunos hechos victimizantes ni la Alta Consejería ha actualizado el protocolo de ayuda humanitaria inmediata.

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Modificado por última vez en Miércoles, 13 Junio 2018 10:33

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